Programa Nº 6: El aborto
Muy buenas noches. Damos inicio al sexto programa de “Verdades de Fe”.
Les habla Daniel Iglesias. Estaré dialogando con ustedes hasta las 22:00. Agradezco la generosa colaboración del Diácono Jorge Novoa, quien nos acompaña hoy.
Este programa se transmite por Radio María Uruguay desde Florida y Melo, y por Internet en http://www.radiomaria.org.uy/. Puedes enviarnos tus comentarios, sugerencias o críticas al teléfono 0352 0535 o al mail info.ury@radiomaria.org.
Nuestro programa de hoy estará dedicado al delito del aborto.
Escuchemos lo que nos enseña al respecto el número 470 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:
“¿Qué prohíbe el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral:
el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo;
el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad;
la eutanasia directa…;
el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo…”
La doctrina católica sobre el aborto es muy clara: el aborto es un homicidio, un delito abominable, un desorden moral particularmente grave, porque quita el derecho a la vida al más débil e indefenso de los seres humanos. Esta condena del aborto voluntario se refiere igualmente a todas las formas de aborto: aborto quirúrgico, aborto químico, etcétera. Pero cabría preguntarse lo siguiente: ¿cuál debe ser la actitud del Estado ante el aborto? La ley civil no puede ni debe penalizar todos los actos moralmente desordenados (por ejemplo, todos los actos impuros o todas las mentiras). ¿No sería conveniente que la ley civil permita el aborto, aunque la ley moral lo condene?
La doctrina católica da una respuesta firme también a esta cuestión: si bien es cierto que hay una distinción entre el orden legal y el orden moral, también debe haber una conexión entre ambos. La ley civil debe garantizar los derechos naturales del hombre. El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, porque es la condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos. Si la ley civil no defiende siquiera este derecho básico, todo el edificio de los derechos humanos se desmorona y queda sujeto al arbitrio humano, a la dictadura de la mayoría y a la ley del más fuerte. Por eso es éticamente obligatorio que la ley civil prohíba y penalice el aborto. Lejos de ser un derecho, el aborto es un triste fenómeno que contribuye fuertemente a la difusión de una mentalidad contraria a la vida y amenaza peligrosamente a la convivencia social justa y democrática.
En el pasado período de gobierno hubo un fuerte intento de legalización del aborto en el Uruguay y se autorizó la venta de un medicamento que es utilizado a menudo con fines abortivos. El proyecto de ley denominado eufemísticamente "de Defensa de la Salud Reproductiva", que finalmente fue rechazado por el Senado, establecía una completa libertad de abortar dentro de las primeras doce semanas de embarazo, prácticamente por la sola voluntad de la madre. Dejando de lado otros aspectos negativos de este proyecto de ley (como por ejemplo la absoluta desestimación del rol del padre y la falta de respeto a la objeción de conciencia individual e institucional), nos concentraremos en el núcleo del asunto, refutando cuatro de los argumentos favoritos de los partidarios de la legalización del aborto.
La objeción más común contra la ilegalidad del aborto está basada en la libertad de elección de la mujer. En los Estados Unidos, los proabortistas se presentan a sí mismos como “pro-choice”, o sea pro-elección. El argumento es el siguiente: Todo ser humano tiene derecho a disponer con absoluta libertad de su propio cuerpo. El embrión y el feto hasta las doce semanas de embarazo son parte del cuerpo de la mujer embarazada. Por lo tanto la mujer embarazada tiene derecho a disponer con absoluta libertad del embrión y del feto hasta las doce semanas de embarazo.
Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
En primer lugar, el ser humano no siempre tiene derecho a disponer libremente de su propio cuerpo. Por ejemplo: tiene derecho a hacerse extirpar el apéndice en caso de apendicitis, pero no tiene derecho a amputarse una oreja por puro capricho. La premisa en cuestión procede de una ideología individualista radical, que aplica al propio cuerpo la falsa noción de un derecho absoluto a la propiedad privada, no sujeto a ninguna obligación moral interpersonal.
En segundo lugar, desde el siglo pasado es una verdad evidente desde el punto de vista científico que el embrión (o el feto) no es nunca una parte del cuerpo de la mujer embarazada, sino que desde el mismo momento de su concepción es un ser humano distinto del padre y de la madre. El embrión no es un ser humano en potencia sino un ser humano en acto (embrionario en acto y adulto en potencia). Si alguien duda todavía de esta evidente verdad biológica, le recomendamos que piense en la (inmoral pero real) fecundación in vitro: si el embrión concebido naturalmente es parte del cuerpo de la madre, el embrión concebido in vitro, ¿de quién es parte? ¿De la probeta o del congelador? Y si el embrión (luego feto) es un ser humano, necesariamente es también una persona humana y tiene toda la dignidad y los derechos que le corresponden a cualquier persona humana.
Una objeción cada vez más frecuente contra la ilegalidad del aborto está basada en el riesgo sanitario de los abortos clandestinos. Ahora el falso argumento es el siguiente: La ley debe minimizar a toda costa los riesgos sanitarios que correrán las mujeres que decidan someterse a abortos. La ilegalidad del aborto impulsa a las mujeres a someterse a abortos clandestinos en condiciones de riesgo, lo cual provoca muchas muertes entre ellas. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto para evitar las muertes de mujeres que se someten a abortos clandestinos.
También las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido.
En primer lugar, el fin supremo perseguido por la ley es el establecimiento de un orden social justo, no la minimización a cualquier precio de los riesgos que correrán las personas que decidan llevar a cabo actos homicidas, aun con peligro de su propia vida. Si bien el aborto clandestino puede ser algo peligroso para la madre, el aborto legal es letal para su hijo. Recordemos siempre que el hijo es un ser humano inocente y que no corresponde tratarlo como un injusto agresor. Aplicando análogamente la premisa en cuestión a otros delitos llegaríamos a conclusiones absurdas. Por ejemplo, habría que proponer la legalización de los robos para evitar los riesgos a los que se exponen los ladrones en sus esporádicos enfrentamientos con los policías. Además, es evidente que la legalización del aborto implicaría un aumento importante de la cantidad de abortos y por lo tanto de la cantidad de mujeres víctimas de las consecuencias negativas del aborto, entre las cuales sobresale la depresión post-aborto. Así, muy probablemente el aumento de los suicidios superaría a la posible disminución de las muertes por complicaciones sobrevinientes a abortos clandestinos.
En segundo lugar, lo que determina a algunas mujeres a someterse al riesgo de los abortos clandestinos no es la ley que prohíbe el aborto sino su libre decisión de matar a los hijos que llevan en su seno. Además, aunque la muerte de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos es una realidad muy lamentable, la incidencia de esta causa de muerte es muy baja en términos cuantitativos (la cantidad total varía entre 0 y 10 muertes por año en el Uruguay), lo cual lleva a pensar que la mayoría de los abortos clandestinos no se realiza en condiciones de riesgo. Por último, no es seguro que la legalización del aborto produzca una disminución del número de abortos clandestinos. Muchas clases de mujeres seguirían recurriendo a abortos clandestinos: las extranjeras, las menores que no logren la aprobación de sus padres, las mujeres que no quieran dejar un registro de su aborto, las mujeres con más de doce semanas de embarazo, etcétera. La aplicación coherente de este argumento proabortista debería conducir a eliminar también estas últimas restricciones legales, permitiendo el "turismo con fines abortivos", la realización de abortos a menores sin consentimiento de sus padres, la eliminación de los registros de abortos legales, la legalización del aborto hasta el último día del embarazo, etcétera. El absurdo de estas consecuencias demuestra el absurdo de la premisa de la cual ellas derivan.
Ahora haremos unos minutos de pausa para escuchar música.
INTERVALO MUSICAL
Continuamos la transmisión de “Verdades de Fe”. Este programa se transmite por Radio María Uruguay, desde Florida y Melo. Los oyentes pueden plantearnos sus consultas, dudas y comentarios llamando por teléfono al 0352 0535 o enviando un mail a info.ury@radiomaria.org.
Nuestro programa de hoy está dedicado al delito del aborto. Ya hemos refutado los argumentos contra la ilegalidad del aborto basados en la libertad de elección de la mujer y en el riesgo sanitario de los abortos clandestinos. En esta segunda parte refutaremos los argumentos basados en la supuesta aceptación generalizada del aborto y en la laicidad del Estado.
El tercer argumento proabortista que analizaremos está basado en la supuesta aceptación generalizada del aborto. Este falso argumento discurre así: No se debe considerar ilegal ninguna práctica generalizada y aceptada por la sociedad. El aborto es una práctica generalizada y aceptada por la sociedad. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto.
Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
En primer lugar, el hecho de que una práctica delictiva esté muy extendida en una sociedad o incluso de que sea aceptada por la mayoría de la población no implica necesariamente que se deba despenalizarla ni mucho menos que se deba legalizarla. Piénsese por ejemplo en el contrabando o los robos en pequeña escala y en los sobornos en determinados ámbitos; si en estos casos no se puede aplicar la premisa mayor de este argumento, menos aún es posible hacerlo en el caso del aborto, que es un delito mucho más grave, porque atenta contra el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. En una sociedad democrática los derechos humanos no nacen ni mueren por el voto de la mayoría sino que son inherentes a la naturaleza humana. La tarea del Estado democrático no es crear los derechos humanos sino simplemente reconocerlos, defenderlos y promoverlos. Una ley positiva que violara estos derechos sería inconstitucional e inválida.
En segundo lugar, el aborto no cuenta con una aceptación generalizada en el Uruguay. A veces las personas pro-vida han caído en el error de aceptar la validez de estadísticas adulteradas sobre el aborto. Es necesario subrayar que en todo el mundo los proabortistas habitualmente manejan estadísticas de abortos muy exageradas, fraguadas para crear la falsa impresión de que la gran mayoría de las mujeres recurre al aborto en algún momento de sus vidas y de que la legalización del aborto no aumentaría la ya altísima cantidad de abortos. Los proabortistas suelen afirmar, sin ningún fundamento serio, que hay 50.000 o hasta 100.000 abortos quirúrgicos anuales en el Uruguay; estas cantidades son sencillamente absurdas, dado que Uruguay es un país de 3,3 millones de habitantes con una población bastante envejecida. Otra estrategia habitual de los proabortistas en todo el mundo es recurrir a encuestas sesgadas para hacer creer que la gran mayoría de la población está de acuerdo con una legalización total del aborto, cuando en realidad la mayoría se opone totalmente al aborto o bien lo acepta sólo en casos relativamente poco frecuentes (riesgo de muerte de la madre, malformación del feto, violación). Recordemos que una ley vigente en Uruguay desde hace 70 años ya permite (desgraciadamente) la no penalización del aborto en esos casos concretos.
A partir de estas falsas estadísticas y encuestas, los proabortistas concluyen que reprimir el aborto es una tarea imposible y una hipocresía, porque quienes lo condenan en público supuestamente lo practican en privado. Todo esto es radicalmente falso: si se quiere, el aborto puede ser combatido eficazmente combinando la educación (sobre todo "del lado de la demanda") y la represión (sobre todo "del lado de la oferta"). Los padres y madres que consienten en provocar un aborto son culpables, aunque a veces tienen atenuantes (por ejemplo, la ignorancia sobre la naturaleza homicida del aborto); pero mucho más culpables que ellos son los médicos que lucran con un negocio infame, pervirtiendo su noble profesión. También tienen su parte de responsabilidad los poderes del Estado, que por omisión dejan actualmente impunes la mayoría de esos crímenes.
La última objeción contra la ilegalidad del aborto que analizaremos está basada en la laicidad del Estado. Esta vez el falso argumento tiene la siguiente forma: En un estado laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos. La ley que prohíbe y penaliza el aborto está fundada en los dogmas de la fe católica. Por lo tanto, en un estado laico se debe despenalizar y legalizar el aborto.
La premisa menor de este silogismo es falsa, por lo cual el razonamiento carece de validez.
Habría mucho para decir acerca de la premisa mayor, donde se afirma que en un estado laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos, pero hoy no podemos detenernos en ella. Nos bastará decir lo siguiente: la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que el Estado no profesa religión alguna. No es lícito identificar la no confesionalidad del Estado (compatible con una alta valoración del fenómeno religioso en general y de las raíces católicas de nuestra Patria y de nuestra civilización en particular) con un laicismo militante y hostil a la religión, que procura suprimir su influencia en los asuntos públicos y reducirla a una esfera puramente privada. El dualismo esquizofrénico de muchos laicistas que pretenden establecer un abismo entre las dimensiones pública y privada de la persona proviene de una falsa antropología que no toma en serio la unidad radical del ser humano ni su índole social: El hombre es siempre inseparablemente individuo y miembro de la sociedad; y se manifiesta ineludiblemente como lo que es. Con esta importante salvedad podemos dejar pasar provisionalmente esta premisa mayor y concentrarnos en la menor, lo cual será suficiente a nuestros efectos.
Es necesario reconocer que la ley que prohíbe y penaliza el aborto no está fundada en los dogmas de la fe católica, sino en el orden moral objetivo, que todo ser humano (cualquiera que sea su religión) puede conocer por medio de la recta razón. Otra de las estrategias favoritas de los proabortistas es la de "confesionalizar" el debate sobre el aborto, catalogando a los antiabortistas como católicos intolerantes, que pretenden imponer sus creencias religiosas al resto de la sociedad. Esto representa una profunda tergiversación del debate. La oposición católica a la legalización del aborto no brota únicamente de dogmas religiosos sino ante todo de dos verdades evidentes: una verdad científica (el embrión humano es un ser humano desde su concepción) y una verdad moral (no se debe matar a ningún ser humano inocente), ambas compartibles por personas no católicas y de hecho compartidas por muchas de ellas. Para reconocer la inmoralidad del aborto no es necesario profesar la fe cristiana, sino que basta reconocer la ley moral natural inscrita en la conciencia de cada hombre, uno de cuyos preceptos fundamentales es amar y respetar la vida humana. Los católicos tienen tanto derecho y tanto deber como cualquier otro ciudadano de combatir la gravísima injusticia del aborto. El hecho de que además su propia fe religiosa los impulse a reconocer a los niños no nacidos no sólo como animales racionales sino también como seres creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a ser hijos de Dios, no suprime en modo alguno la racionalidad de sus argumentos antiabortistas sino que la complementa y perfecciona. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que un católico, por el mismo hecho de ser católico, queda incapacitado para intervenir en los debates políticos acerca de cualquier asunto con profundas implicaciones éticas. Si alguno de los proabortistas tiene ese prejuicio anticatólico, que se sincere y se anime a expresarlo públicamente.
Pasemos ahora a un terreno práctico, el del servicio del cristiano en la política. Escuchemos lo que nos enseña al respecto el número 570 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:
“Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.”
En el caso de que no haya sido posible evitar la puesta en práctica de tales programas políticos, o impedir o abrogar tales leyes, el Magisterio enseña que un parlamentario, cuya oposición personal a las mismas sea absoluta, clara, y de todos conocida, podría lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de dichas leyes y programas, y a disminuir sus efectos negativos en el campo de la cultura y de la moralidad pública. Es emblemático al respecto el caso de una ley abortista. Su voto, en todo caso, no puede ser interpretado como adhesión a una ley inicua, sino sólo como una contribución para reducir las consecuencias negativas de una resolución legislativa, cuya total responsabilidad recae sobre quien la ha procurado.
Téngase presente que, en las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana.
La historia de veinte siglos, incluida la del último, está valiosamente poblada de mártires de la verdad cristiana, testigos de fe, de esperanza y de caridad evangélicas. El martirio es el testimonio de la propia conformación personal con Cristo Crucificado, cuya expresión llega hasta la forma suprema del derramamiento de la propia sangre, según la enseñanza evangélica: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto”.”
Querido amigo, querida amiga:
Si eres culpable de haber cometido uno o más abortos o de haber cooperado en ellos, arrepiéntete de tu pecado, pero no caigas en la tentación de la desesperación. Jesucristo nos enseña que Dios es un Padre rico en misericordia, siempre dispuesto a perdonar. También nos enseña que todo pecado, incluso los más horribles, será perdonado, siempre y cuando el pecador se convierta, abriendo su corazón al amor y al perdón de Dios, y aprendiendo a amar y a perdonar a su vez a los demás. En este tiempo de Pascua, piensa que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos, para nuestra salvación, reconciliando a la humanidad caída con el Dios tres veces Santo.
Aunque nunca hayas tenido relación alguna con el crimen del aborto, no te quedes de brazos cruzados, en una actitud de auto-complacencia. El verdadero amor no tiene ningún límite superior. Siempre se puede hacer algo más por los demás. ¡Cuánto falta aún por hacer en el terreno de la educación moral de los adolescentes y los jóvenes! ¡Cuánto más se podría hacer para brindar apoyo material y espiritual a las madres solteras o a los matrimonios que sienten la tentación de acabar con la vida del hijo que han concebido! En estos emprendimientos los católicos pueden cooperar con muchas personas no católicas de buena voluntad, que reconocen la vigencia del orden moral objetivo.
Si eres católico, recuerda que tienes la obligación moral de que tu compromiso político sea acorde con la doctrina católica. No seas incoherente. No des o no vuelvas a dar tu voto a partidos, sectores o candidatos que apoyen la legalización del aborto. Infórmate bien acerca de las distintas propuestas políticas y ten muy en cuenta las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia a la hora de decidir tu voto en conciencia. En la medida de tus posibilidades, participa activamente como ciudadano en los asuntos públicos, procurando que el derecho a la vida y todos los derechos del hombre y de la familia sean respetados en toda circunstancia. Por la intercesión de la Virgen María, Madre del Redentor, ruego a Dios que crezca en ti el empeño por defender y promover el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte.
Damos fin al sexto programa de “Verdades de Fe” y nos despedimos hasta el próximo martes a las 21:30. Que Dios los bendiga día tras día.
Daniel Iglesias Grèzes
18 de abril de 2006.
Les habla Daniel Iglesias. Estaré dialogando con ustedes hasta las 22:00. Agradezco la generosa colaboración del Diácono Jorge Novoa, quien nos acompaña hoy.
Este programa se transmite por Radio María Uruguay desde Florida y Melo, y por Internet en http://www.radiomaria.org.uy/. Puedes enviarnos tus comentarios, sugerencias o críticas al teléfono 0352 0535 o al mail info.ury@radiomaria.org.
Nuestro programa de hoy estará dedicado al delito del aborto.
Escuchemos lo que nos enseña al respecto el número 470 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:
“¿Qué prohíbe el quinto mandamiento?
El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral:
el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo;
el aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad;
la eutanasia directa…;
el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo…”
La doctrina católica sobre el aborto es muy clara: el aborto es un homicidio, un delito abominable, un desorden moral particularmente grave, porque quita el derecho a la vida al más débil e indefenso de los seres humanos. Esta condena del aborto voluntario se refiere igualmente a todas las formas de aborto: aborto quirúrgico, aborto químico, etcétera. Pero cabría preguntarse lo siguiente: ¿cuál debe ser la actitud del Estado ante el aborto? La ley civil no puede ni debe penalizar todos los actos moralmente desordenados (por ejemplo, todos los actos impuros o todas las mentiras). ¿No sería conveniente que la ley civil permita el aborto, aunque la ley moral lo condene?
La doctrina católica da una respuesta firme también a esta cuestión: si bien es cierto que hay una distinción entre el orden legal y el orden moral, también debe haber una conexión entre ambos. La ley civil debe garantizar los derechos naturales del hombre. El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, porque es la condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos. Si la ley civil no defiende siquiera este derecho básico, todo el edificio de los derechos humanos se desmorona y queda sujeto al arbitrio humano, a la dictadura de la mayoría y a la ley del más fuerte. Por eso es éticamente obligatorio que la ley civil prohíba y penalice el aborto. Lejos de ser un derecho, el aborto es un triste fenómeno que contribuye fuertemente a la difusión de una mentalidad contraria a la vida y amenaza peligrosamente a la convivencia social justa y democrática.
En el pasado período de gobierno hubo un fuerte intento de legalización del aborto en el Uruguay y se autorizó la venta de un medicamento que es utilizado a menudo con fines abortivos. El proyecto de ley denominado eufemísticamente "de Defensa de la Salud Reproductiva", que finalmente fue rechazado por el Senado, establecía una completa libertad de abortar dentro de las primeras doce semanas de embarazo, prácticamente por la sola voluntad de la madre. Dejando de lado otros aspectos negativos de este proyecto de ley (como por ejemplo la absoluta desestimación del rol del padre y la falta de respeto a la objeción de conciencia individual e institucional), nos concentraremos en el núcleo del asunto, refutando cuatro de los argumentos favoritos de los partidarios de la legalización del aborto.
La objeción más común contra la ilegalidad del aborto está basada en la libertad de elección de la mujer. En los Estados Unidos, los proabortistas se presentan a sí mismos como “pro-choice”, o sea pro-elección. El argumento es el siguiente: Todo ser humano tiene derecho a disponer con absoluta libertad de su propio cuerpo. El embrión y el feto hasta las doce semanas de embarazo son parte del cuerpo de la mujer embarazada. Por lo tanto la mujer embarazada tiene derecho a disponer con absoluta libertad del embrión y del feto hasta las doce semanas de embarazo.
Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
En primer lugar, el ser humano no siempre tiene derecho a disponer libremente de su propio cuerpo. Por ejemplo: tiene derecho a hacerse extirpar el apéndice en caso de apendicitis, pero no tiene derecho a amputarse una oreja por puro capricho. La premisa en cuestión procede de una ideología individualista radical, que aplica al propio cuerpo la falsa noción de un derecho absoluto a la propiedad privada, no sujeto a ninguna obligación moral interpersonal.
En segundo lugar, desde el siglo pasado es una verdad evidente desde el punto de vista científico que el embrión (o el feto) no es nunca una parte del cuerpo de la mujer embarazada, sino que desde el mismo momento de su concepción es un ser humano distinto del padre y de la madre. El embrión no es un ser humano en potencia sino un ser humano en acto (embrionario en acto y adulto en potencia). Si alguien duda todavía de esta evidente verdad biológica, le recomendamos que piense en la (inmoral pero real) fecundación in vitro: si el embrión concebido naturalmente es parte del cuerpo de la madre, el embrión concebido in vitro, ¿de quién es parte? ¿De la probeta o del congelador? Y si el embrión (luego feto) es un ser humano, necesariamente es también una persona humana y tiene toda la dignidad y los derechos que le corresponden a cualquier persona humana.
Una objeción cada vez más frecuente contra la ilegalidad del aborto está basada en el riesgo sanitario de los abortos clandestinos. Ahora el falso argumento es el siguiente: La ley debe minimizar a toda costa los riesgos sanitarios que correrán las mujeres que decidan someterse a abortos. La ilegalidad del aborto impulsa a las mujeres a someterse a abortos clandestinos en condiciones de riesgo, lo cual provoca muchas muertes entre ellas. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto para evitar las muertes de mujeres que se someten a abortos clandestinos.
También las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido.
En primer lugar, el fin supremo perseguido por la ley es el establecimiento de un orden social justo, no la minimización a cualquier precio de los riesgos que correrán las personas que decidan llevar a cabo actos homicidas, aun con peligro de su propia vida. Si bien el aborto clandestino puede ser algo peligroso para la madre, el aborto legal es letal para su hijo. Recordemos siempre que el hijo es un ser humano inocente y que no corresponde tratarlo como un injusto agresor. Aplicando análogamente la premisa en cuestión a otros delitos llegaríamos a conclusiones absurdas. Por ejemplo, habría que proponer la legalización de los robos para evitar los riesgos a los que se exponen los ladrones en sus esporádicos enfrentamientos con los policías. Además, es evidente que la legalización del aborto implicaría un aumento importante de la cantidad de abortos y por lo tanto de la cantidad de mujeres víctimas de las consecuencias negativas del aborto, entre las cuales sobresale la depresión post-aborto. Así, muy probablemente el aumento de los suicidios superaría a la posible disminución de las muertes por complicaciones sobrevinientes a abortos clandestinos.
En segundo lugar, lo que determina a algunas mujeres a someterse al riesgo de los abortos clandestinos no es la ley que prohíbe el aborto sino su libre decisión de matar a los hijos que llevan en su seno. Además, aunque la muerte de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos es una realidad muy lamentable, la incidencia de esta causa de muerte es muy baja en términos cuantitativos (la cantidad total varía entre 0 y 10 muertes por año en el Uruguay), lo cual lleva a pensar que la mayoría de los abortos clandestinos no se realiza en condiciones de riesgo. Por último, no es seguro que la legalización del aborto produzca una disminución del número de abortos clandestinos. Muchas clases de mujeres seguirían recurriendo a abortos clandestinos: las extranjeras, las menores que no logren la aprobación de sus padres, las mujeres que no quieran dejar un registro de su aborto, las mujeres con más de doce semanas de embarazo, etcétera. La aplicación coherente de este argumento proabortista debería conducir a eliminar también estas últimas restricciones legales, permitiendo el "turismo con fines abortivos", la realización de abortos a menores sin consentimiento de sus padres, la eliminación de los registros de abortos legales, la legalización del aborto hasta el último día del embarazo, etcétera. El absurdo de estas consecuencias demuestra el absurdo de la premisa de la cual ellas derivan.
Ahora haremos unos minutos de pausa para escuchar música.
INTERVALO MUSICAL
Continuamos la transmisión de “Verdades de Fe”. Este programa se transmite por Radio María Uruguay, desde Florida y Melo. Los oyentes pueden plantearnos sus consultas, dudas y comentarios llamando por teléfono al 0352 0535 o enviando un mail a info.ury@radiomaria.org.
Nuestro programa de hoy está dedicado al delito del aborto. Ya hemos refutado los argumentos contra la ilegalidad del aborto basados en la libertad de elección de la mujer y en el riesgo sanitario de los abortos clandestinos. En esta segunda parte refutaremos los argumentos basados en la supuesta aceptación generalizada del aborto y en la laicidad del Estado.
El tercer argumento proabortista que analizaremos está basado en la supuesta aceptación generalizada del aborto. Este falso argumento discurre así: No se debe considerar ilegal ninguna práctica generalizada y aceptada por la sociedad. El aborto es una práctica generalizada y aceptada por la sociedad. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto.
Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
En primer lugar, el hecho de que una práctica delictiva esté muy extendida en una sociedad o incluso de que sea aceptada por la mayoría de la población no implica necesariamente que se deba despenalizarla ni mucho menos que se deba legalizarla. Piénsese por ejemplo en el contrabando o los robos en pequeña escala y en los sobornos en determinados ámbitos; si en estos casos no se puede aplicar la premisa mayor de este argumento, menos aún es posible hacerlo en el caso del aborto, que es un delito mucho más grave, porque atenta contra el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. En una sociedad democrática los derechos humanos no nacen ni mueren por el voto de la mayoría sino que son inherentes a la naturaleza humana. La tarea del Estado democrático no es crear los derechos humanos sino simplemente reconocerlos, defenderlos y promoverlos. Una ley positiva que violara estos derechos sería inconstitucional e inválida.
En segundo lugar, el aborto no cuenta con una aceptación generalizada en el Uruguay. A veces las personas pro-vida han caído en el error de aceptar la validez de estadísticas adulteradas sobre el aborto. Es necesario subrayar que en todo el mundo los proabortistas habitualmente manejan estadísticas de abortos muy exageradas, fraguadas para crear la falsa impresión de que la gran mayoría de las mujeres recurre al aborto en algún momento de sus vidas y de que la legalización del aborto no aumentaría la ya altísima cantidad de abortos. Los proabortistas suelen afirmar, sin ningún fundamento serio, que hay 50.000 o hasta 100.000 abortos quirúrgicos anuales en el Uruguay; estas cantidades son sencillamente absurdas, dado que Uruguay es un país de 3,3 millones de habitantes con una población bastante envejecida. Otra estrategia habitual de los proabortistas en todo el mundo es recurrir a encuestas sesgadas para hacer creer que la gran mayoría de la población está de acuerdo con una legalización total del aborto, cuando en realidad la mayoría se opone totalmente al aborto o bien lo acepta sólo en casos relativamente poco frecuentes (riesgo de muerte de la madre, malformación del feto, violación). Recordemos que una ley vigente en Uruguay desde hace 70 años ya permite (desgraciadamente) la no penalización del aborto en esos casos concretos.
A partir de estas falsas estadísticas y encuestas, los proabortistas concluyen que reprimir el aborto es una tarea imposible y una hipocresía, porque quienes lo condenan en público supuestamente lo practican en privado. Todo esto es radicalmente falso: si se quiere, el aborto puede ser combatido eficazmente combinando la educación (sobre todo "del lado de la demanda") y la represión (sobre todo "del lado de la oferta"). Los padres y madres que consienten en provocar un aborto son culpables, aunque a veces tienen atenuantes (por ejemplo, la ignorancia sobre la naturaleza homicida del aborto); pero mucho más culpables que ellos son los médicos que lucran con un negocio infame, pervirtiendo su noble profesión. También tienen su parte de responsabilidad los poderes del Estado, que por omisión dejan actualmente impunes la mayoría de esos crímenes.
La última objeción contra la ilegalidad del aborto que analizaremos está basada en la laicidad del Estado. Esta vez el falso argumento tiene la siguiente forma: En un estado laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos. La ley que prohíbe y penaliza el aborto está fundada en los dogmas de la fe católica. Por lo tanto, en un estado laico se debe despenalizar y legalizar el aborto.
La premisa menor de este silogismo es falsa, por lo cual el razonamiento carece de validez.
Habría mucho para decir acerca de la premisa mayor, donde se afirma que en un estado laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos, pero hoy no podemos detenernos en ella. Nos bastará decir lo siguiente: la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que el Estado no profesa religión alguna. No es lícito identificar la no confesionalidad del Estado (compatible con una alta valoración del fenómeno religioso en general y de las raíces católicas de nuestra Patria y de nuestra civilización en particular) con un laicismo militante y hostil a la religión, que procura suprimir su influencia en los asuntos públicos y reducirla a una esfera puramente privada. El dualismo esquizofrénico de muchos laicistas que pretenden establecer un abismo entre las dimensiones pública y privada de la persona proviene de una falsa antropología que no toma en serio la unidad radical del ser humano ni su índole social: El hombre es siempre inseparablemente individuo y miembro de la sociedad; y se manifiesta ineludiblemente como lo que es. Con esta importante salvedad podemos dejar pasar provisionalmente esta premisa mayor y concentrarnos en la menor, lo cual será suficiente a nuestros efectos.
Es necesario reconocer que la ley que prohíbe y penaliza el aborto no está fundada en los dogmas de la fe católica, sino en el orden moral objetivo, que todo ser humano (cualquiera que sea su religión) puede conocer por medio de la recta razón. Otra de las estrategias favoritas de los proabortistas es la de "confesionalizar" el debate sobre el aborto, catalogando a los antiabortistas como católicos intolerantes, que pretenden imponer sus creencias religiosas al resto de la sociedad. Esto representa una profunda tergiversación del debate. La oposición católica a la legalización del aborto no brota únicamente de dogmas religiosos sino ante todo de dos verdades evidentes: una verdad científica (el embrión humano es un ser humano desde su concepción) y una verdad moral (no se debe matar a ningún ser humano inocente), ambas compartibles por personas no católicas y de hecho compartidas por muchas de ellas. Para reconocer la inmoralidad del aborto no es necesario profesar la fe cristiana, sino que basta reconocer la ley moral natural inscrita en la conciencia de cada hombre, uno de cuyos preceptos fundamentales es amar y respetar la vida humana. Los católicos tienen tanto derecho y tanto deber como cualquier otro ciudadano de combatir la gravísima injusticia del aborto. El hecho de que además su propia fe religiosa los impulse a reconocer a los niños no nacidos no sólo como animales racionales sino también como seres creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a ser hijos de Dios, no suprime en modo alguno la racionalidad de sus argumentos antiabortistas sino que la complementa y perfecciona. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que un católico, por el mismo hecho de ser católico, queda incapacitado para intervenir en los debates políticos acerca de cualquier asunto con profundas implicaciones éticas. Si alguno de los proabortistas tiene ese prejuicio anticatólico, que se sincere y se anime a expresarlo públicamente.
Pasemos ahora a un terreno práctico, el del servicio del cristiano en la política. Escuchemos lo que nos enseña al respecto el número 570 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:
“Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.”
En el caso de que no haya sido posible evitar la puesta en práctica de tales programas políticos, o impedir o abrogar tales leyes, el Magisterio enseña que un parlamentario, cuya oposición personal a las mismas sea absoluta, clara, y de todos conocida, podría lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de dichas leyes y programas, y a disminuir sus efectos negativos en el campo de la cultura y de la moralidad pública. Es emblemático al respecto el caso de una ley abortista. Su voto, en todo caso, no puede ser interpretado como adhesión a una ley inicua, sino sólo como una contribución para reducir las consecuencias negativas de una resolución legislativa, cuya total responsabilidad recae sobre quien la ha procurado.
Téngase presente que, en las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana.
La historia de veinte siglos, incluida la del último, está valiosamente poblada de mártires de la verdad cristiana, testigos de fe, de esperanza y de caridad evangélicas. El martirio es el testimonio de la propia conformación personal con Cristo Crucificado, cuya expresión llega hasta la forma suprema del derramamiento de la propia sangre, según la enseñanza evangélica: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto”.”
Querido amigo, querida amiga:
Si eres culpable de haber cometido uno o más abortos o de haber cooperado en ellos, arrepiéntete de tu pecado, pero no caigas en la tentación de la desesperación. Jesucristo nos enseña que Dios es un Padre rico en misericordia, siempre dispuesto a perdonar. También nos enseña que todo pecado, incluso los más horribles, será perdonado, siempre y cuando el pecador se convierta, abriendo su corazón al amor y al perdón de Dios, y aprendiendo a amar y a perdonar a su vez a los demás. En este tiempo de Pascua, piensa que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos, para nuestra salvación, reconciliando a la humanidad caída con el Dios tres veces Santo.
Aunque nunca hayas tenido relación alguna con el crimen del aborto, no te quedes de brazos cruzados, en una actitud de auto-complacencia. El verdadero amor no tiene ningún límite superior. Siempre se puede hacer algo más por los demás. ¡Cuánto falta aún por hacer en el terreno de la educación moral de los adolescentes y los jóvenes! ¡Cuánto más se podría hacer para brindar apoyo material y espiritual a las madres solteras o a los matrimonios que sienten la tentación de acabar con la vida del hijo que han concebido! En estos emprendimientos los católicos pueden cooperar con muchas personas no católicas de buena voluntad, que reconocen la vigencia del orden moral objetivo.
Si eres católico, recuerda que tienes la obligación moral de que tu compromiso político sea acorde con la doctrina católica. No seas incoherente. No des o no vuelvas a dar tu voto a partidos, sectores o candidatos que apoyen la legalización del aborto. Infórmate bien acerca de las distintas propuestas políticas y ten muy en cuenta las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia a la hora de decidir tu voto en conciencia. En la medida de tus posibilidades, participa activamente como ciudadano en los asuntos públicos, procurando que el derecho a la vida y todos los derechos del hombre y de la familia sean respetados en toda circunstancia. Por la intercesión de la Virgen María, Madre del Redentor, ruego a Dios que crezca en ti el empeño por defender y promover el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte.
Damos fin al sexto programa de “Verdades de Fe” y nos despedimos hasta el próximo martes a las 21:30. Que Dios los bendiga día tras día.
Daniel Iglesias Grèzes
18 de abril de 2006.
posted by Daniel Iglesias Grèzes at 10:38 a. m.
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home